ATE Corrientes repudia incoherencia, represión selectiva y violación de derechos humanos
La Asociación Trabajadores del Estado, CDP Corrientes, manifiesta su preocupación y repudio ante los hechos de represión selectiva y detenciones ilegales ordenaos por el Gobierno de Corrientes y ejecutadas por grupos de tareas de la Policía Provincial en barrios populares de la Capital como Juan XXIII, Patono, Quilmes, Caridi, Arazaty, San Marcos, Mil Viviendas, Laguna Seca, 17 de Agosto y otras comunidades.
Estas acciones ilegales ejecutadas por el Estado Provincial se concretaron el viernes 16, sábado 17 y domingo 18 de abril contra jóvenes y familias completas en calles, veredas, parques, canchitas y espacios comunitarios en los barrios.
La excusa: evitar la circulación social por la actual situación epidemiológica de la ciudad de Corrientes; lo que revela graves incoherencias, delitos cometidos por el Estado y casos de doble vara según la pertenencia social y el patrimonio de las personas:
1 – Que el brazo armado del Estado Provincial descargue su furia represiva con balas de goma, gases, golpes, persecuciones y detenciones ilegales contra jóvenes y familias en los barrios; solo visibiliza el odio que sienten contra las clases populares.
En esos mismos días decenas de miles de personas se aglomeraron -sin los más mínimos cuidados ni controles sanitarios- en torneos de Rugby (Estadio San Patricio), ligas profesionales de futbol (torneos de abogados y contadores), carreras de caballos (Santa Rita y Santa Ana); centros comerciales (Shopping), saladas de juego (Casinos) o encuentros sociales multitudinarios financiados por el Gobierno Provincial y bajo la protección de la Policía Provincial.
Hay una doble vara en el accionar del Estado. Y la diferencia solo está dada por la representación social y el patrimonio de unos (los reprimidos) y otros (los privilegiados).
2 – La ciudad de Corrientes se encuentra en Fase 5 de la Aspo, lo que implica libre circulación social. No hay normativa legal que avale las acciones represivas, las persecuciones y detenciones ilegales cometidos por la Policía Provincial en los barrios populares.
En todo caso, lo que debe hacer el Estado provincial es reconocer el estado epidemiológico crítico de la Capital y su fracaso en la gestión de la pandemia. Debe tomar las medidas sanitarias y dictar las normativas que correspondan, ejercer control para que las respeten todos por igual; los pobres y los ricos; los barrios populares, las canchas de rugby y los casinos pero sin ejercer violencia institucional.
3- Repudiamos que la pandemia sea utilizada como excusa para crear guetos de exclusivos sociales, violar derechos humanos consagrados y cometer -desde el Estado- arbitrariedades motivadas por el odio contra las clases populares.
Las balas, los palos y las detenciones ilegales no harán desaparecer la pandemia del Covid-19. La criminalización de la pobreza y la violencia institucional solo fomentan caos y reacción. Tampoco la pobreza, que afecta a más del 50% de los correntinos y correntinas, se resuelve con represión estatal.
Feliciano “Chano” Romero
Sec. Gral. ATE CDP Corrientes
Carmen Méndez Asón
Sec. Gral. Adjunta ATE Corrientes